Gasto público y shock de gestión

por ETCO

Autor: Alfonso Celso Pastore

Fuente: Valor Econômico, 08/10/2007

A pesar del vigoroso crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que es exclusivamente el resultado de un aumento de las inversiones privadas, con muy poca contribución de las inversiones del gobierno federal, estamos muy cerca de alcanzar la plena utilización de la capacidad instalada en la industria. El siguiente gráfico, elaborado a partir de datos de investigación de CNI, muestra que desde 2006 ha habido una reducción continua de la capacidad inactiva, que ya alcanzó su pico anterior. El crecimiento de la demanda interna se ha visto impulsado por una reducción de la tasa de interés real; el aumento del crédito; mediante la política fiscal, mediante la transferencia activa de ingresos y mediante incrementos reales del salario mínimo. La reducción de las tasas de interés reales y la apreciación del tipo de cambio real, junto con la mejora del riesgo país y la abundante liquidez internacional, han impulsado las inversiones, pero no al mismo ritmo que la demanda. Además de la absorción de capacidad ociosa, parte de la diferencia entre oferta y demanda ha sido suplida por el aumento de las importaciones. Con eso, se podrá celebrar un crecimiento cercano al 5% en 2007, con la inflación controlada y dentro de la meta.



Sin embargo, para que el crecimiento económico acelerado continúe sin inflación en 2008, será necesario que el gobierno cambie su política fiscal, y que lo haga en sentido contrario a lo que ha defendido la nueva facción de gastadores que se instaló dentro del gobierno. Todo indica que las exportaciones seguirán creciendo, lo que permite seguir expandiendo las importaciones, en particular de bienes de capital, ayudando a la formación bruta de capital fijo. Pero eso no resuelve el problema del todo: no hay forma de importar mano de obra, que ya escasea en algunos sectores, por ejemplo. Los cuellos de botella de infraestructura tampoco se resuelven con importaciones o discursos. Exigen buenos proyectos, competencia, reglas claras y tiempo para madurar.



Así, se acerca el momento en que el Banco Central debe interrumpir la trayectoria de tasas de interés a la baja. Si a esta interrupción le seguirá una reanudación de la trayectoria descendente o un período de aumento, depende en gran medida de la política fiscal. El crecimiento acelerado del gasto público ha ido expandiendo la demanda. Por ejemplo, el personal y los cargos del gobierno federal, que hasta hace dos años habían estado creciendo en términos reales al 4% anual, ¡actualmente están creciendo al 12% anual! No hay esperanzas de que el gobierno emprenda una política de control de gastos. Por el contrario, todo apunta a que seguirá practicando su versión de “shock gerencial”, idéntica a la expansión acelerada del gasto. Su propensión a gastar se ve facilitada no solo por el crecimiento del PIB, que aumenta la recaudación, sino también por la “cooperación” de los partidos de oposición, que están dispuestos a aprobar la ampliación del CPMF.

Hay quienes miran este panorama y reaccionan cínicamente, argumentando que eso no es un problema, porque al final el gobierno ha ido cumpliendo las metas de superávit primario y la deuda pública ha ido bajando. Pero, ¿es el criterio de la dinámica de la deuda un buen criterio para evaluar la calidad de la política fiscal?

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Invertir en infraestructura sin renunciar a los programas sociales requiere reducir el desperdicio y estándares claros de eficiencia en el gasto público
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Empecemos por el ejemplo de los años ochenta y noventa. En ese momento, a pesar de los altos déficits públicos, la deuda pública creció muy poco. Dos mecanismos evitaron que el descontrol fiscal generara un crecimiento insostenible de la deuda pública. La primera fue la abundante emisión de divisas, que cobraba a la sociedad un “impuesto inflacionario” que fluctuaba entre el 2% y el 4% del PIB. Ese “impuesto” no previsto por la Constitución generó el equivalente a un superávit primario entre el 2% y el 4% del PIB, lo que no fue suficiente para evitar un crecimiento de la relación deuda / PIB, pero sí pudo evitar que este crecimiento fuera explosivo. El segundo fue la creación “heterodoxa” de impuestos al activo. En ese caos inflacionario, el gobierno tenía el poder de preestablecer arbitrariamente la “corrección monetaria” para un período futuro, y frecuentemente sucumbía a la tentación de subestimar esa corrección, generando posteriormente una inflación mucho más alta que la anunciada. Como resultado, se produjo una depreciación inesperada del valor real de la deuda emitida con actualización monetaria prefijada, que equivalía a un impuesto al capital, que al igual que el “impuesto inflacionario” no tenía que estar previsto en la Constitución. La recaudación de estos dos “impuestos” explica la paradoja de tener una política fiscal fuertemente expansionista, junto a una deuda pública que no mostró un crecimiento explosivo. Pero todo esto solo fue posible con una inflación creciente, que obstaculizó el crecimiento económico y generó una distribución desigual del ingreso.



La inflación está actualmente bajo control, lo que impide el uso a gran escala del “impuesto inflacionario”, pero no estaremos libres de inflación si no se contiene el crecimiento del gasto. El aumento del gasto público y la carga tributaria elevan la tasa de interés real y exponen al Banco Central a la crítica del voluntarismo de quienes quieren crecer y gastar al mismo tiempo. De una forma u otra, este conflicto desemboca en más inflación y, en consecuencia, en menor crecimiento económico.



Los países más pobres obligan a sus gobiernos a desarrollar programas sociales, buscando reducir la pobreza, lo que conduce a una carga tributaria más alta que en los países más desarrollados. Las transferencias de efectivo minimizan el sufrimiento de los pobres, pero no garantizan la apertura de oportunidades de empleo y el aumento de las ganancias derivadas de la aceleración del crecimiento. Para que esto suceda son necesarias las inversiones en infraestructura, sin las cuales crecen los riesgos que limitan las inversiones privadas. La concreción de estas inversiones sin abandonar los programas sociales requiere que se instale otro “shock de gestión”, en el que se reduzcan los desperdicios y se persigan estándares claros de eficiencia en el gasto público. También requiere que se reduzcan los riesgos regulatorios, atrayendo capital privado para realizar inversiones en infraestructura, en lugar de retroceder creando nuevas empresas estatales. Más gastos y más empresas estatales aumentan el poder político de los gobiernos, pero no son formas de acelerar el crecimiento económico ni de aumentar el bienestar de la sociedad.



 


Affonso Celso Pastore y Maria Cristina Pinotti son economistas y escriben mensualmente los lunes.