Un problema de salud pública.

por ETCO
12/03/2012

por Roberto Abdenur

Una industria tan conmovedora como nefasta pone la salud e incluso la vida de miles de brasileños en la cuerda floja. Anualmente, confisca grandes cantidades, que van desde R $ 5 mil millones y R $ 8 mil millones, de la venta de medicamentos que resultan del robo, contrabando, distribución de drogas falsas o ilegales.

Para tener una idea de la fortaleza de esta "industria de riesgo", solo en el primer semestre de 2011, la incautación de bienes para contrabando, falsificación y piratería aumentó en un 51% en comparación con el mismo período de 2010, según el Servicio Federal de Impuestos. Un dato en sí mismo alarmante, pero empeora aún más cuando se observan las cargas de medicamentos incautadas y se llega al aterrador crecimiento del 180,5% en comparación con el año anterior. Un tercer lugar deshonroso, detrás de las cargas de municiones ilegales, que aumentaron en un 445%, y las bolsas y accesorios, que crecieron en un 423%.

No es necesario ser un economista calificado para comprender la máxima de que no hay oferta sin demanda. Con esta asociación rápida, los resultados de una encuesta realizada por Ibope Inteligência para Interfarma a fines de 2011. No son sorprendentes después de escuchar a 2.002 personas en todo el país, el estudio reveló que una quinta parte de la población brasileña compra medicamentos sin receta. En el noreste, esta población aumenta a casi una cuarta parte, más precisamente el 24%.

Como dijo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en un evento realizado en Río de Janeiro, la verdad es que la gente compra. Ya sea por facilidad, precio, conveniencia, los ciudadanos brasileños están expuestos a riesgos inimaginables, especialmente cuando se conoce la precariedad con que se fabrican las "píldoras piratas".

El problema, que es difícil de resolver, ha movilizado tiempo y mentes no solo en el Ministerio de Justicia y la Policía Federal. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) participa en esta lucha; el Consejo Nacional para Combatir la Piratería y los Delitos de Propiedad Intelectual (CNCP); parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Brasileño de Ética de la Competencia (ETCO) y el Foro Nacional contra la Piratería e Ilegalidad (FNCP). Cada uno, en su especialidad, ha hecho mucho para combatir este mal que afecta al país.

Pero en vista de las cifras presentadas anteriormente, está claro que la represión del crimen, por sí sola, está muy lejos de la apremiante necesidad de erradicar la nociva informalidad.

Medidas recomendables, como la asociación entre Anvisa y el Ministerio de Justicia, para la incautación de drogas ilegales; interdicción de establecimientos y arresto de los responsables; y el Plan Estratégico de la Frontera, que articula a varias fuerzas gubernamentales en la vigilancia de los 17 mil kilómetros de la frontera terrestre de Brasil, debe estar necesariamente acompañado de otras acciones preventivas.

Una de las medidas más urgentes es invertir eficazmente en aumentar la conciencia pública sobre los daños de los remedios ilegales y los riesgos a los que están expuestos. Unir esfuerzos en torno a la producción de campañas educativas es una misión que se impone a los actores del sector.

La detección de drogas es otro factor de gran importancia. En un comunicado emitido en diciembre, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) declaró que ya ha decidido las pautas que guiarán la implementación del Sistema Nacional de Control de Drogas, según lo determina la Ley 11.903 / 09. El seguimiento, entre otras ventajas, ayudará a combatir el robo de carga y permitirá identificar quién fabricó el producto, quién lo vendió, quién lo envió y cuándo llegó al distribuidor y a las farmacias.

No nos enfrentamos a un simple problema económico. Sin lugar a dudas, la industria de drogas honesta y legal se ve afectada y el gobierno pierde ingresos que podrían utilizarse para mejorar los servicios a la población. Pero el caso de los medicamentos abre un problema mayor, un problema de salud pública, de vida, de ciudadanía. Brasil no puede ni debe continuar corriendo este riesgo.

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