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Las empresas y la defensa del mercado legal

Inicialmente el foco estaba en el producto, la industria debía mejorar los medios de producción, reducir costos para satisfacer la demanda con precios atractivos. Para ello fue fundamental el desarrollo de la línea de montaje, con producción en serie aumentando significativamente la oferta. El consumidor compraría lo que se le ofreciera. Henry Ford dijo: "Un cliente puede tener cualquier automóvil que quiera, siempre que sea negro". Esta frase traduce esta concepción, el menor costo en menor tiempo, manteniendo el estándar en la fabricación.

Sin embargo, luego de conquistar el bien, el consumidor comenzó a exigir más y quien ofreciera productos con mejor calidad y menor costo tendría ventaja. La competencia se hizo más feroz. En esa dirección, para conquistar el mercado, se desarrollaron estrategias de ventas, marketing y publicidad. El proceso de venta se ha vuelto cada vez más sofisticado.

La mejora constante de la calidad, la tecnología, la búsqueda permanente de la innovación son mandamientos, pero además del producto, el suministro y la compra, se ha reforzado cada vez más el servicio postventa. Las empresas deben entender y servir al consumidor, especialmente si el producto tiene un problema. El respeto al cliente es una obligación de las empresas. El discurso del presidente John Kennedy del 15 de marzo de 1962 que decía “Consumidores, eso somos todos nosotros” marcó el comienzo de una nueva era que introdujo los derechos fundamentales de los consumidores: seguridad; información; libre elección y ser escuchado.

Sin embargo, además de cumplir con estos fundamentos, se presentan nuevos desafíos. No basta con enfrentarse a la competencia natural en la conquista del mercado, cada vez más las empresas tienen que enfrentarse a la acción insidiosa de competidores que ilegalmente buscan lucrarse sin cumplir las normas vigentes, desvirtuando el sentido de la competencia leal. Así, la falsificación, la falsificación, la piratería, el contrabando, el fraude, el robo de carga, la evasión fiscal y la subfacturación de importaciones representan preocupaciones que los empresarios deben tener hoy, dedicando recursos financieros y humanos en este esfuerzo para conjurar estas constantes amenazas.

No hay sector productivo que sea inmune a las acciones del mercado ilegal, que solo en 2021, según datos recogidos por el Foro Nacional Contra la Piratería y la Ilegalidad de quince sectores productivos, movió R$ 300,5 mil millones en Brasil (suma de las pérdidas de empresas más la estimación de la evasión fiscal).

Así, los líderes empresariales también tienen que definir estrategias para defender el mercado legal, ya sea con acciones con las autoridades públicas para combatir la oferta ilegal y desalentar la demanda, donde el precio es un factor determinante, impactado directamente por los impuestos que solo paga el legal.

En este contexto complejo, es importante resaltar que el consumidor es fundamental, su poder de elección define el rumbo del mercado y en el mismo sentido, los agentes públicos pueden frenar las ofertas ilegales. Tan pronto como conozcan el origen del producto, si se respetan las normas técnicas que garantizan su salubridad y seguridad, si el producto no ha sido robado, si se han pagado los impuestos adeudados y tienen un canal directo con la empresa que lo fabricó. ello, el espacio del mercado ilícito será contenido.

Estas condiciones ya las cumplen las actuales tecnologías digitales de trazabilidad sistémica, que, mediante el uso de nanotecnología y blockchain, marcan productos y remiten a un proceso de comunicación directa entre el producto y el consumidor, a través de teléfonos inteligentes que pueden aplicarse a los más diversos materiales (plástico, metal, líquidos, papel, tejidos, oro, diamantes y explosivos). En este contacto inmediato, accesible por Código QR inteligente, toda la información puede ser generada por las empresas con el fin de identificar la originalidad, el cumplimiento, si fue robado o si está indexado a la factura. De una forma muy sencilla, en la pandemia, el acceso a menús por smartphones, vía Código QR, popularizó esta tecnología, aunque a un nivel básico.

Esta innovación está siendo estimulada por medidas de la administración pública. El Ejército Brasileño definió, a través de la Ordenanza nº 122 de COLOG del 15/09/2021, el marcaje de explosivos que permite la trazabilidad incluso después de detonados y la Receita Federal, a través de la Ordenanza 165 del 12/04/2022, instituyó el Programa Brasileño de Trazabilidad (Rota Brasil) con el objetivo de “crear una norma nacional aplicable a los controles sistémicos de producción y trazabilidad de productos, identificando el origen del producto y su seguimiento en la cadena productiva, además de la represión de las importaciones ilegales y la producción y comercialización de falsificaciones”.

De hecho, las empresas tienen en la trazabilidad un potente instrumento que permitirá la lucha eficaz contra la ilegalidad, incorporando al consumidor y a la autoridad pública en esta acción y, lo que es más importante, con un coste viable y sin interferir en la línea de producción, protegiendo a los consumidores, la reputación de las marcas, cumpliendo con las normas de cumplimiento y los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

Regla y compás están disponibles para estos nuevos rumbos en el desafío de este siglo de defender la ética en el mercado y preservar las empresas que dinamizan la economía generando inversiones, empleos y renta.

Brasil: Pérdidas y ganancias

Al identificar las pérdidas ocasionadas por una acción, buscamos demostrar las pérdidas en valores para facilitar la comprensión y alcance de los daños.

Así, al estimar el impacto del mercado ilegal; el tamaño de la informalidad y el litigio tributario, extraemos cifras que reflejan las pérdidas y, en consecuencia, las ganancias si este espacio fuera ocupado por la legalidad, la formalidad y la racionalidad en la aplicación de nuestro sistema tributario.

Tenemos instituciones que desarrollan métricas tratando de medir la dimensión de estas desviaciones.

ETCO desarrolló con IBRE/FGV el índice de economía sumergida realizado desde 2003 y que en 2021 alcanzó la cifra de R$ 1.3 billones que representa el 16,8% del PIB brasileño y con la consultora EY patrocinó un estudio internacional que constató que los litigios tributarios, en instancias administrativas y judiciales, alcanzan la asombrosa suma de R$ 3.4 billones.

Con relación a informalidad en el comercio minorista brasileño El IDV — Instituto para o Desenvolvimento do Varejo realizó una encuesta con la consultora McKinsey & Company que indica que la evasión de impuestos en el comercio minorista físico es del 25% al ​​34% y en el minorista digital oscila entre el 33% y el 37% de las ventas (lo que ha crecimiento continuo en la oferta de productos ilegales y sin factura), con valores entre R$ 95 y R$ 125 mil millones.

El Foro Nacional Contra la Piratería y la Ilegalidad recopila datos de 15 sectores productivos (confecciones, combustibles, higiene personal, perfumería y cosmética, bebidas alcohólicas, plaguicidas, TV paga, cigarros, artículos deportivos, anteojos, computadores, software, celulares, audiovisuales, importados). perfumes y juguetes) desde 2014 y la encuesta para el año 2021 muestra que estos sectores tuvieron pérdidas de R$ 205.8 mil millones, lo que sumado a R$ 94,7 mil millones (estimación conservadora de un promedio de 46% de impuestos no recaudados) alcanza el valor de R$ 300.5 mil millones. En comparación con 2014, el mercado ilegal (contrabando, piratería, falsificación y fraude) se triplicó.

Estas cifras de miles y billones de reales relacionadas con las pérdidas de la industria, el comercio y la economía formal nos hacen preguntarnos cuál sería la ganancia para la generación de empleos, ingresos e impulso para nuestro desarrollo e innovación. Un ejemplo simple, agregando la evasión del comercio y la industria indicada solo en las encuestas IDV y FNCP, sería posible financiar 18 millones de subsidios familiares por más de 38 meses con un monto mensual de R$ 300.

Estas proyecciones se limitan a números y lo que se podría generar en ganancias para la sociedad en su conjunto, sin embargo estas pérdidas para la sociedad no se pueden medir solo en valores monetarios, ya que tienen otras consecuencias, ya sea para la seguridad pública, aumento de la corrupción y disminución de las inversiones productivas.

Nuestras fuerzas policiales y del SRI (federal, estatal y municipal) comprueban que con estos recursos retenidos se financian organizaciones criminales, fomentando además el tráfico de drogas y armas.

Por otro lado, el nivel de empleo se ve afectado. Se cerraron fábricas y otras están bajo amenaza, incluido el crecimiento de empresas deudoras persistentes que están estructuradas para nunca pagar impuestos y, por lo tanto, erosionan la competencia. Los sectores de combustibles y tabaco han sufrido con esta acción, pero el sector textil también se ha visto sacudido.

Las diversas caras de la ilegalidad y las operaciones de los deudores persistentes configuran un fenómeno económico criminal, que debe ser atacado por la oferta y la demanda. Oferta, con represión, a través de acciones integradas y coordinadas de las fuerzas policiales y de ingresos.

La demanda, en cambio, está motivada por el precio, que es menor en el ilegal gracias a la evasión y debe enfrentarse a cambios en el sistema tributario. Un ejemplo de lo que se puede hacer es la reciente simplificación del cobro del ICMS a los combustibles, definiendo la tarifa monofásica y única para todos los estados, lo que debería reducir el espacio para los evasores.

De hecho, no podemos subestimar los efectos del mercado ilegal y la consiguiente evasión fiscal. La magnitud de las pérdidas y lo que podría traducirse en ganancias para toda la sociedad demuestran que la ilegalidad debe estar permanentemente en la agenda de los sectores productivos y del poder público, los cuales deben actuar en cooperación en la lucha contra quienes desprecian la ley. Os los daños no pueden ser ignorados, ya que perjudican a todos los brasileños que soportan sus obligaciones y nuestras expectativas para el futuro.

Ciudades seguras y éticas

Aprendimos que, en esencia, la civilización se basa en la convivencia. En nuestra evolución, hemos desarrollado formas de resolver conflictos, definiendo reglas, expresadas en leyes que deben ser cumplidas por todos.

Esta realidad se hace aún más visible con el crecimiento de las ciudades, en grandes aglomeraciones que albergan cada vez a más personas, desafiando a la humanidad a encontrar soluciones para generar empleo e ingresos; alojamiento; medio ambiente; movilidad; ocio; cultura y, también, contención de la violencia, en definitiva, respeto a la dignidad.

En el espacio urbano tenemos la expresión de grandes logros y frustraciones, donde la atracción que ejerce el consumo se despliega en el crecimiento del comercio y los servicios.

 Las actividades económicas atraen inversiones y también la codicia de quienes quieren actuar en pos del lucro sin preocuparse por las normas vigentes, buscando obtener ventajas sin preocuparse por los medios. Se ignora solemnemente el respeto al consumidor, a las actitudes municipales, a la creación de empleos formales, al pago de impuestos.

Es interesante notar que esta actitud suele ser aceptada por la sociedad que piensa que la oferta ilegal de productos y servicios es aceptable, lo que no significa un problema que merezca mayor atención por parte del gobierno.

De hecho, encontramos que existe una perversión en esta práctica relacionada con la ilegalidad, que afecta a todos. La inversión de valores contamina nuestra convivencia, genera cada vez más desigualdades, fomenta la inversión y la evasión fiscal, deteriora las relaciones sociales, atrae la violencia.

Desde una perspectiva más restringida, es cierto que el crecimiento del comercio ilegal, lejos de cualquier regulación, expande la sensación de perturbación y desorden en el espacio urbano y elimina el sentido de pertenencia del ciudadano.

Zonas como las calles 25 de Março y Brás en São Paulo, y similares en las grandes ciudades brasileñas y alrededor del mundo, dan fe de la proliferación irrestricta de vendedores ambulantes en aceras y centros comerciales con miles de puestos, sin respetar las normas de seguridad. alquilados para la venta de productos ilícitos, socavan la comprensión del respeto al espacio que es de todos y favorecen la acción de verdaderas organizaciones criminales que operan desde el contrabando, falsificación y distribución de mercancías, hasta el tráfico de drogas, robos y recepción.

La contención de esta ocupación no inclusiva es una obligación de las autoridades públicas y debe organizarse de manera sistemática y sistemática. La ciudad de São Paulo ha avanzado, por un lado, con reiteradas acciones para combatir el comercio ilícito, con la incautación de más de 3.500 toneladas de productos ilícitos (de contrabando, piratería, falsificación y falsificación) y, por otro, fomentando el emprendimiento popular. , sin ilegalidad y desarrollando intervenciones urbanas, devolviendo las “urbis” a la ciudadanía. Esta postura requiere un fuerte compromiso por parte de la dirección política, ya que la práctica delictiva es apoyada por estratos de la sociedad con gran influencia.

La seguridad atrae la convivencia en las ciudades y engloba múltiples iniciativas, políticas públicas que involucran acciones policiales y sociales, la participación de la sociedad civil, el apoyo a las medidas de inclusión y diversidad y también la racionalización de la ocupación del espacio público.La acción del crimen.

En la próxima Exposición y Congreso Mundial “Smart City”, en Barcelona, ​​se abordarán diversos aspectos que impactan en la evolución de las ciudades para que sean más acogedoras. Debemos seguir estos temas que están directamente relacionados con nuestra vida diaria e influyen en nuestras perspectivas de futuro.

Ante los líderes políticos que reverberan comportamientos despreciables, en lugar de buscar ser un ejemplo de rectitud y respeto a la ley, debemos valorar las iniciativas dirigidas a la sensibilización de las personas, fomentando la legalidad, la ética, que son necesarias para que evolucionemos en la construcción. una sociedad que valora las ganancias para todos y no las ventajas para unos pocos. Rescatar el espacio público para las personas, alejándose de la ocupación por negocios turbios.

Defensa del contribuyente en la reforma del impuesto a la renta

Un viejo refrán popular dice que cuando nacemos tenemos dos certezas: moriremos y pagaremos impuestos.

En cuanto a lo primero, no podemos hacer nada, en cuanto a lo segundo, al menos debemos intentar contener la voluptuosidad del Estado (en cualquier gobierno) y establecer parámetros de justicia y racionalidad.

Históricamente en Brasil, esta acción para contener el espíritu de colección no ha sido fácil. Desde el descubrimiento de estas “terras brasilis” nos hemos topado con la creciente búsqueda de más recursos por parte del Estado sin considerar al contribuyente.

La racionalización del gasto y la lucha contra el despilfarro de los recursos públicos es una quimera y le corresponde al ciudadano cargar con el peso del desequilibrio entre lo que se gasta y lo que se recauda, ​​cada vez más agobiado.

Las empresas y los ciudadanos, que pagan impuestos y mantienen sus registros con regularidad, suelen ser víctimas de procedimientos que pueden considerarse abusivos.

Es evidente la transformación de las penas, que deben ser excepciones, como regla, por ejemplo, el uso indiscriminado de la representación fiscal con fines delictivos y la aplicación de la multa agravada con un incremento del 150%, basta el impuesto a la interpretación del auditor.

Un estudio auspiciado por ETCO con la consultora EY señaló estas desviaciones que incentivan discusiones en los ámbitos administrativo y judicial, generando un litigio de más de R $ 3,4 billones. Los contribuyentes que buscan legítimamente defenderse de interpretaciones o errores cuestionables son denunciados, multados en exceso y coaccionados con amenazas de carácter penal., dejando ejercer sus derechos en todas las instancias en procesos que demoran más de veinte años.

Por otro lado, las acciones fraudulentas de deudores persistentes provocan un impacto de miles de millones en evasión fiscal. Mediante la constitución de empresas naranjas y un sinfín de medidas cautelares, están postergando el pago de impuestos, obteniendo financiamiento indebido para fortalecer sus operaciones, perjudicando a la competencia leal. Al final, con este default reiterado, los contribuyentes apoyamos este emprendimiento basado en la ilegalidad,

La sociedad se encuentra entre dos posturas indignas: el deudor persistente que se estructura para no pagar impuestos asume el "debo, no niego y no pago" y por otro lado, el Estado, que al cobrar, se sostiene en el “Debo, no niego, pagaré cuando pueda”.

Estas posturas demuestran que hay algo muy mal en Brasil (lamentablemente hay mucho mal), especialmente en la subversión de valores.. En lugar de facilitar y fomentar la mejor conducta, creamos dificultades y obstáculos para quienes quieren cumplir con sus obligaciones y, por otro lado, quienes operan en el anonimato encuentran formas de seguir avanzando al margen de la ley.

Recientemente, tuvimos otra prueba más de falta de respeto al contribuyente, el paquete tributario - que cambió profundamente la tributación de la renta, aumentando aún más la complejidad tributaria - fue votado por la Cámara con urgencia, reduciendo el espacio para profundizar la tasación. de los impactos que, tras su aprobación, se están identificando. Una vez más, quien paga ni siquiera tiene derecho a discutir, a cuestionar. Si hay errores, tenga paciencia. Y la seguridad jurídica necesaria se vio así, una vez más, subvertida.

Nuestra realidad histórica demuestra que, seguro, estamos atrasados ​​en la constitución de una legislación que consolide los derechos de los contribuyentes.. El ciudadano como consumidor y usuario del servicio público ya ha conquistado leyes que protegen contra el abuso, pero como contribuyente que apoya al Estado, aún no cuenta con instrumentos de defensa más efectivos.

Es hora de evolucionar, velando por el respeto a los derechos de los contribuyentes, reformulando el proceso tributario, definiendo normas contra abusos y distinguiendo a quienes buscan cumplir con sus obligaciones de quienes hacen todo lo posible por distanciarse intencionalmente de los requisitos legales.

Este movimiento debe ser impulsado en línea con los estudios realizados por la Comisión creada por el Consejo Nacional de Justicia, con la participación de la Hacienda Federal, que está realizando un diagnóstico de litigio tributario, con el objetivo de contener su crecimiento. incluyendo señalar la elaboración de un nuevo Código Tributario Nacional.

El sentido de urgencia no debe aplicarse solo cuando hay interés de la tesorería. La reformulación de la relación contribuyente-contribuyente, conteniendo abusos del contribuyente y garantizando los derechos del contribuyente, debe incluirse en la agenda legislativa

Dadas las certezas señaladas al principio de este artículo, como vamos a morir, al menos paguemos lo que sea justo.

*Edson Luis Vísmona es abogado, presidente del Instituto Brasileño de Ética de la Competencia - ETCO y del Foro Nacional Contra la Piratería y la Ilegalidad - FNCP. Fue secretario de justicia y defensa de la ciudadanía del Estado de São Paulo (2000/2002)

Ética, sé completo

La poesía de Fernando Pessoa enseña: “Para ser grande, ser íntegro… Ser íntegro en cada cosa…”, esta lección del gran poeta nos inspira a entender que la postura ética debe ser así, no se puede ser ético a la mitad, estar en la vida personal y no profesional o viceversa.

Lo mismo ocurre en el ámbito empresarial, las empresas deben basar su conducta en valores y principios y no aceptar desviaciones éticas. Tiene que estar lleno.

Por lo tanto, no es aceptable faltar al respeto a los derechos laborales y permitir prácticas de acoso, alegando que respetas los derechos de los consumidores o que cumples con los procesos de integridad, pero vendes productos falsificados o, para asegurar una venta, corruptos funcionarios públicos.

Es común que las empresas, al definir su misión, afirmen que tienen el deber de respetar las leyes, los consumidores, los empleados y que defienden la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, como lo define Aristóteles: “La virtud está en transformar los valores en acción”. Por lo tanto, somos virtuosos si practicamos los compromisos adquiridos. No basta con hablar, tienes que hacerlo.

Esta transformación de intenciones en acción no es sencilla. La presión por resultados, en las empresas y el deseo o necesidad de comprar al menor precio, en las personas, puede fomentar la aceptación de desviaciones éticas y legales e incluso intentar justificarlas. En las demandas de Lava Jato, muchos empresarios intentaron explicar la corrupción masiva alegando que, si no actuaban así, su competidor lo haría. Se habrían visto “obligados” a aceptar propuestas indefendibles para garantizar la continuidad de la empresa y que esa era la regla del juego.

Esta inconsistencia ética no se puede sostener, el desarrollo de un país depende de la seguridad jurídica, es decir, reglas claras y la garantía de que todos las cumplirán es lo que incentiva y mantiene las inversiones y la generación de empleos e ingresos. El Instituto Brasileño de Ética de la Competencia - ETCO, creado en 2003, fue pionero en esta postura.

En Brasil, a raíz de la amplia repercusión de los escándalos de corrupción que azotaron al país, las políticas de integridad han cobrado gran importancia, con códigos de ética y canal de denuncias, incluso como condición para participar en los negocios.

Esta necesidad se convirtió en una postura demandada por inversores, consumidores y empleados más concientes, validando las métricas ESG, tan de moda, definiendo las obligaciones con el medio ambiente, con lo social (atención comunitaria; diversidad, inclusión, seguridad psicológica) y gobernanza (combatiendo cualquier desviaciones éticas y legales).

Se instó a las empresas a asumir compromisos de respeto a la convivencia y la ética, no aceptando desvíos, en todos sus departamentos y áreas de actividad, exigiendo lo mismo a proveedores y clientes. La esfera pública también se ha ido alineando con esta política, con la instalación de contraloría, asuntos internos y defensores del pueblo, fomentando una cultura de integridad.

Acompañando a este movimiento, las asociaciones representantes de los sectores productivos también deben adoptar parámetros de conducta sectorial. La lucha contra la corrupción, la defensa de la legalidad y los parámetros ASG no pueden ser actitudes aisladas, tiene que ser amplia. Para una buena convivencia en el entorno empresarial, la postura uniforme de cumplimiento de la ley y la ética en los segmentos productivos preserva la seguridad jurídica.

De hecho, la autorregulación es un camino que se debe impulsar, definiendo el código deontológico sectorial, buscando prevenir las actividades ilícitas, estableciendo un canal de denuncia, en definitiva, orientando a todos a respetar la ley, fomentando la preservación de la competencia leal y desarrollo de un mercado sólido en principios y valores.

El momento de la tragedia que enfrentamos con la pandemia demuestra que la valoración de la ética es fundamental, sobre todo dado el oportunismo criminal de quienes aprovecharon la urgencia por obtener ventajas a costa de la salud pública.

La cultura comportamental del entorno empresarial debe evolucionar, valorando la proactividad, con líderes liderando los caminos éticos de las empresas, con el apoyo de las asociaciones del sector, sin quedar a merced de mandos externos que señalen desvíos. Quienes mejor conocen el mercado deben actuar para aislar las prácticas que erosionan la credibilidad y desfiguran los objetivos legítimos del sector privado, que, para ser preservado, debe seguir las mejores prácticas.

Esta integralidad ética, preventiva y protagonista redunda en beneficios para toda la sociedad y hay que potenciarla.